Amago de paro en módulos del INE: 5 mil trabajadores
Cerca de 5 mil trabajadores de módulos amagan paro el lunes por sueldos estancados; algunos reportan menos de 10 mil. Cruz reúne al área.
Por Anabel Beltrán
Al embrollo presupuestal y a la denuncia ante la Fiscalía se suma un flanco laboral: cerca de cinco mil trabajadores de los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral amagaron con un paro nacional el lunes 9 de noviembre si no obtienen una nivelación salarial. La Jornada y El Financiero documentaron la amenaza en un momento en que el Instituto ya enfrenta escrutinio por contratos y recorte.
Según esa cobertura, una parte del personal reporta ingresos mensuales por debajo de los diez mil pesos y exige una mejora sustancial. Las cifras exactas de tabulador pueden variar por plaza y antigüedad; lo relevante políticamente es la percepción de sueldos estancados frente a una carga de trabajo que crece con cada proceso electoral.
Blanca Cruz, según los reportes, reunió al área responsable de la operación de módulos para revisar las demandas. El gesto busca desactivar el paro antes de que se concrete, porque un cierre de ventanillas golpea directamente a la ciudadanía que tramita credencial, correcciones al padrón o reposiciones.
Por qué importa para el sistema de partidos
Los módulos son la cara cotidiana del INE. Cuando fallan, el costo no lo pagan solo los trabajadores: lo pagan electores que no pueden acreditar identidad, jóvenes que buscan su primera credencial y partidos que dependen de un padrón limpio. Un paro en esa red es, en la práctica, una crisis de servicio electoral aunque se presente como conflicto salarial interno.
El calendario importa. Con el Proceso Electoral Concurrente 2027 en preparación, cualquier interrupción prolongada en atención ciudadana se convierte en argumento de campaña: unos hablarán de abandono laboral; otros, de Instituto disfuncional. Evitar ese escenario es interés de todos los partidos, aunque pocos lo digan en público.
La coincidencia con el recorte presupuestal complica la negociación. Un Instituto al que le retiran miles de millones tiene menos margen para responder a demandas salariales sin reasignar otras partidas. Esa tensión —austeridad externa versus presión interna— define el dilema de la presidencia provisional.
La nota de La Jornada del 7 de noviembre atribuye a las protestas la afirmación de que algunos salarios no llegan a diez mil pesos mensuales. No presenta un tabulador oficial ni confirma un convenio de aumento. Corresponde distinguir entre los ingresos denunciados por trabajadores, la solicitud de revisión y cualquier acuerdo que eventualmente anuncie el Instituto.
Escenarios del lunes
Si el paro se concreta, el Instituto tendría que reagendar citas y canalizar usuarios a módulos alternos, si así lo dispusiera la autoridad; no se informa aquí de un plan oficial ya aprobado. Esa logística es imperfecta: no todos los municipios tienen un módulo cercano de respaldo, y la carga se concentra en pocas sedes.
Si se evita el paro con una mesa de trabajo creíble, el Instituto gana tiempo, pero no resuelve de raíz el problema de percepción salarial. La base de módulos seguirá midiendo gestos: aumentos parciales, bonos temporales o promesas aplazadas al presupuesto 2027.
Para la opinión pública, el episodio refuerza una imagen de Instituto bajo estrés múltiple: denuncia penal, recorte legislativo y conflicto laboral. Recuperar gobernabilidad interna es condición para sostener la narrativa de depuración y de autonomía que Cruz intenta construir.
En estados con pocos módulos, un cierre de un solo día puede retrasar semanas de citas. Esa asimetría territorial convierte el conflicto salarial en un problema de equidad de acceso al padrón, no solo de nómina interna.
Partidos grandes y pequeños dependen por igual de una credencial vigente para sus estructuras territoriales. Por eso un amago de paro en módulos debería activar alertas en las dirigencias, no solo en el área administrativa del Instituto.
Análisis Político seguirá si el lunes hay paro efectivo, si hay acuerdo parcial o si solo hay tregua. Mientras tanto, el dato político del 7 de noviembre es un amago de cinco mil trabajadores de módulos, sueldos percibidos como estancados y una presidencia provisional obligada a negociar en medio de la tormenta.
