Paro judicial: la tensión entre trabajadores y jueces electos

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Escaleras vacías de un edificio de tribunales con puertas de madera cerradas y luz lateral suave

Por Anabel Beltrán

El paro que este viernes 6 de noviembre detuvo labores en al menos 22 sedes del Poder Judicial de la Federación no es solo una protesta salarial. Es el segundo paro federal de envergadura desde 2024 y ocurre en el momento más delicado de la reforma judicial: cuando jueces electos por voto popular empiezan a participar en la evaluación del personal que sostiene día a día los juzgados.

Secretarios, actuarios y oficiales —alrededor de 32 mil personas, según estimaciones reportadas— rechazan el esquema publicado el jueves en el Diario Oficial. El examen de conocimientos pesaría 40 por ciento; el resto se reparte entre valoración del titular, compañeros, reportes y otros factores. La primera ronda se presenta como diagnóstica, pero una calificación de 59 o menos se considera insuficiente y puede derivar en un extraordinario único o en la baja.

La novedad política está en quién califica. En el modelo anterior, la carrera judicial y los controles administrativos tenían una lógica más burocrática. Ahora, titulares surgidos de una elección popular pesan 22.5 puntos en la nota de quienes redactan sentencias, notifican y organizan audiencias. Esa asimetría alimenta el temor a represalias veladas.

El conflicto de fondo: jerarquía nueva, reglas viejas

Morelos encendió la mecha el jueves con más de mil trabajadores en Cuernavaca y Xochitepec. La capital federal se sumó de madrugada en San Lázaro y Prisma; el resto del país, a las 9:00. El mapa —de Nuevo León a Yucatán, de Jalisco a Chiapas— muestra que el malestar no es regional ni partidista: es estructural.

Para el análisis político, el paro pone a prueba dos promesas de la reforma. La primera, que la elección popular renovaría la legitimidad de los juzgadores. La segunda, que el servicio de carrera del personal de apoyo se profesionalizaría sin convertirse en botín. Si la evaluación se percibe como instrumento de control, la legitimidad de los jueces electos se erosiona justo cuando más la necesitan.

El calendario —temario a mediados de noviembre, exámenes en diciembre y resultados entre enero y marzo de 2027— alarga la incertidumbre. No es un paro de un día: es una negociación abierta durante meses, con usuarios de la justicia como rehén involuntario de amparos y audiencias suspendidas.

Qué está en juego hacia 2027

Gobierno y Congreso apostaron a que la reforma judicial cerraría el ciclo de resistencia abierta. Este segundo paro demuestra que el personal de base sigue siendo un actor con capacidad de movilización nacional. Ignorarlo reduce el conflicto a una disputa técnica de porcentajes; tomarlo en serio implica rediseñar incentivos para que la evaluación no se lea como amenaza.

También hay un riesgo de captura inversa. Si los trabajadores logran diluir por completo cualquier valoración del titular, se debilita la rendición de cuentas interna. El punto medio —exámenes transparentes, criterios públicos y recursos efectivos ante bajas— es el terreno donde debería ocurrir la negociación, no en el cierre de sedes.

Políticamente, el costo se reparte. Los jueces electos heredan un conflicto que no diseñaron por completo. Las organizaciones de trabajadores ganan visibilidad, pero también la acusación de paralizar la justicia. Y el Ejecutivo y el Legislativo observan, desde fuera, un Poder Judicial que aún no encuentra reglas de convivencia entre la nueva legitimidad electoral y la vieja maquinaria burocrática.

Mientras no haya un acuerdo que aclare el carácter diagnóstico, el peso del titular y las garantías ante una calificación insuficiente, el paro puede reactivarse en oleadas. Para la ciudadanía, el indicador útil no será el comunicado triunfalista de un día, sino cuántas causas se reprograman y cuánto tarda en estabilizarse el servicio en circuitos clave como Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México.

Análisis Político seguirá el pulso de esta negociación porque define, en la práctica, si la reforma judicial produce tribunales más cercanos a la gente o solo una nueva jerarquía con los mismos cuellos de botella de siempre.

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