Senado, dividido ante la auditoría de 25 años al IFE y al INE
Higinio Martínez respalda revisar hasta 20 años o más; Beltrones y Márquez lo ven como juego político. La ASF ya anunció tres líneas de investigación.
Por Bruno Cortés
La decisión de la Auditoría Superior de la Federación de revisar un cuarto de siglo de contrataciones del Instituto Nacional Electoral, de su antecesor el IFE y de los organismos públicos locales electorales abrió un nuevo frente de debate en el Senado de la República. Mientras la bancada de Morena respalda que se audite todo lo que esté en las facultades del órgano fiscalizador, senadores de oposición acusan una maniobra para diluir el caso de Guadalupe Taddei.
El presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, fue el defensor más explícito de la ampliación. Según declaraciones recogidas por La Razón, el morenista sostuvo que si la revisión está dentro de las atribuciones de la Auditoría, puede abarcar uno, dos, diez o veinte años, y que lo mismo debería aplicarse a todas las instituciones del país.
La postura de Morena
Martínez Miranda rechazó que revisar la etapa del extinto IFE sea un sinsentido y planteó que el momento actual es una oportunidad para lo que llamó limpiar todo. También recordó que la Auditoría ya investiga al INE y que los propios consejeros electorales presentaron una denuncia, por lo que, a su juicio, no hay riesgo de que la revisión histórica distraiga la atención de las irregularidades recientes.
La postura coincide con la línea marcada desde Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la red de proveedores bajo sospecha opera desde hace más de dos décadas y no nació con la gestión de Taddei.
Las objeciones de la oposición
Del otro lado, el senador Manlio Fabio Beltrones cuestionó la utilidad práctica de revisar el año 2000. De acuerdo con su argumento, las responsabilidades penales prescriben a los cinco años y las administrativas o fiscales a los diez, por lo que investigar periodos tan lejanos difícilmente tendría efectos jurídicos. Lo calificó como un juego político y dijo que bastaría con revisar los dos últimos años.
Beltrones también anunció que presentará una iniciativa para devolver al Consejo General del INE la facultad de decidir de forma colegiada los nombramientos de los principales cargos, hoy concentrada en la presidencia del instituto, y propuso que las contrataciones superiores a 10 millones de pesos requieran la aprobación del pleno del Consejo.
El panista Miguel Márquez Márquez fue más directo. Afirmó que esos periodos ya fueron revisados y auditados, y pidió a las autoridades concentrarse en lo que ocurre en la administración actual del instituto. Advirtió que la falta de respuestas puede minar la confianza de los ciudadanos de cara a la elección de 2027. En la misma línea, el senador del PVEM Jorge Carlos Ramírez Marín pidió cuidar los recursos operativos de la Auditoría y dar prioridad a los años más recientes.
Lo que anunció la Auditoría
El origen de la discusión es el comunicado en el que la Auditoría, encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó tres líneas de trabajo: investigaciones de oficio sobre contrataciones de todos los organismos electorales, un estudio histórico de adquisiciones entre 2000 y 2025 para identificar patrones y concentración de proveedores, y una auditoría integral al INE junto con la revisión del gasto federalizado de los organismos locales.
El fiscalizador sostiene que sus trabajos de inteligencia advierten indicios preliminares de múltiples irregularidades históricas. La pregunta que divide al Senado no es si debe investigarse, sino cuánto tiempo y cuántos recursos debe destinar la Auditoría a un pasado que quizá ya no pueda sancionarse.
Por qué importa rumbo a 2027
El debate tiene un trasfondo electoral evidente. Con el INE en plena reorganización tras la salida de Taddei y con la renovación de la Cámara de Diputados y de 17 gubernaturas en 2027, cada bancada busca fijar su narrativa: para el oficialismo, se trata de desmontar una red que viene de lejos; para la oposición, de evitar que el escándalo reciente se diluya en una revisión interminable.
Lo que se defina en las próximas semanas, tanto en las investigaciones como en las iniciativas para cambiar las reglas internas del instituto, marcará las condiciones en que el árbitro electoral llegue al proceso más grande en la historia del país.
