Senado aprueba por unanimidad anonimizar datos en la investigación
Con 99 votos, el Senado reformó la ley de ciencia para exigir «anonimización efectiva» de los datos personales usados en investigación. Pasa a Diputados.
Por Bruno Cortés
El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, con 99 votos a favor, una reforma a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación para que los datos personales que se utilicen en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico no permitan identificar a las personas. La votación se realizó el martes 10 de noviembre y el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados, por lo que todavía no está vigente.
La reforma incorpora a la ley el concepto de «anonimización efectiva», que define como la transformación de los datos personales de modo que ya no puedan atribuirse a una persona identificada o identificable. También define las llamadas Tecnologías de Mejora de la Privacidad, herramientas y procedimientos que reducen al mínimo la recolección y el almacenamiento de información personal y aplican técnicas de protección durante su tratamiento.
Qué cambia en la práctica
El texto aprobado establece que los datos no podrán reidentificarse fuera del sistema, servidor o aplicación en que fueron capturados originalmente, y que su tratamiento posterior no deberá alterar la exactitud ni la integridad de la información de origen. Con ello se busca que bases de datos útiles para la ciencia, como estadísticas de salud o de servicios públicos, puedan aprovecharse sin exponer a las personas.
Además, la reforma otorga a la Federación, a las entidades federativas, a los municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México la facultad concurrente de promover la investigación, el desarrollo y la adopción de estas tecnologías. El dictamen plantea que el Estado fortalezca sus capacidades institucionales para acompañar el crecimiento del análisis de datos.
Las voces en tribuna
El dictamen fue presentado por la presidenta de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la morenista Susana Harp Iturribarría, quien advirtió que la capacidad creciente de recopilar y analizar información plantea retos cada vez más complejos para la privacidad. De acuerdo con medios de Nuevo León, la propuesta parte de una iniciativa del senador del Partido Verde Waldo Fernández González, quien sostuvo que proteger los datos no significa frenar la investigación.
Por la Comisión de Estudios Legislativos, la senadora Araceli Saucedo Reyes, de Morena, señaló que impulsar la innovación no puede ir en detrimento de la privacidad, y la petista Lizeth Sánchez García afirmó que «el avance tecnológico debe ir de la mano de nuestros derechos». Desde la oposición, el priista Rodrigo Zapata Bello consideró que la medida reduce riesgos en los procesos digitales, y la panista Ivideliza Reyes Hernández la calificó como técnicamente pertinente.
Lo que la reforma no hace
Aunque parte de la cobertura presentó la aprobación como una medida contra el robo de identidad digital, el dictamen no crea delitos ni sanciones nuevas. Su alcance se concentra en la anonimización y en impedir la reidentificación de datos dentro del ámbito de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. La protección general de datos en manos de particulares y de autoridades sigue regulada por sus leyes específicas.
La unanimidad es poco frecuente en un Senado marcado por la polarización entre la mayoría oficialista y la oposición. El consenso refleja que la privacidad digital se ha convertido en una agenda con respaldo transversal, en un momento en que el uso de inteligencia artificial y grandes volúmenes de información crece en el sector público y en las universidades.
Ahora corresponderá a la Cámara de Diputados dictaminar la minuta en comisiones y llevarla al pleno. Si la aprueba sin cambios, pasará al Ejecutivo para su publicación. El reto posterior será que las instituciones de investigación cuenten con la infraestructura y el personal técnico capaces de aplicar los estándares de anonimización que exige la nueva redacción de la ley.
Para universidades, centros públicos de investigación y dependencias que comparten bases de datos, la reforma implicará revisar sus protocolos de captura y resguardo. Bajo la nueva regla, no bastará con borrar nombres o números de identificación: la información deberá transformarse de manera que no pueda cruzarse con otras fuentes para reconstruir la identidad de una persona.
