La Corte lleva a San Lázaro una nueva reforma judicial
Hugo Aguilar presentó a Monreal y Bolaños-Cacho un proyecto que busca autonomía financiera para la Corte y ajustes a la elección judicial de 2028.
Imagen ilustrativa
Por Bruno Cortés
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, acudió a la Cámara de Diputados para entregar a sus dos principales figuras un proyecto de iniciativa que plantea una nueva reforma al Poder Judicial. El encuentro con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva, se produjo el viernes 6, según La Jornada y La Razón.
La visita llega en un momento delicado para el Poder Judicial renovado por la elección popular: el mismo fin de semana, la Corte tuvo que negociar con los sindicatos el fin de un paro nacional por el esquema de evaluación del personal. Que el primer movimiento legislativo del nuevo tribunal sea pedir cambios a su propio diseño constitucional es un dato político en sí mismo.
Qué contiene el proyecto
De acuerdo con fuentes judiciales citadas por El Independiente, la propuesta busca fortalecer la autonomía del Poder Judicial y garantizar la independencia financiera de sus distintos órganos frente al Órgano de Administración Judicial, que hoy concentra la gestión de los recursos. El documento incluiría también posibles ajustes al proceso de elección judicial previsto para 2028 y a la consulta de revocación de mandato de la titular del Ejecutivo.
El texto no ha sido publicado, por lo que el alcance exacto de esos ajustes se desconoce. El mismo medio reportó que Aguilar pidió a los legisladores abrir espacios de diálogo con Celia Maya, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial; con Néstor Vargas, titular del Órgano de Administración Judicial, y con Gilberto Bátiz García, presidente del Tribunal Electoral, porque los cambios tocarían a las instituciones que encabezan.
Bolaños-Cacho resumió la reunión en redes sociales como una conversación sobre los retos de la impartición de justicia y sobre la propuesta del Poder Judicial para fortalecer su coordinación. Monreal, por su parte, habló de un diálogo franco y abierto con el ministro presidente y con el resto de las ministras y ministros, en palabras recogidas por La Razón.
El dinero, la primera pieza
La parte que ya tiene efectos concretos es presupuestal. Según La Razón, Monreal explicó que Aguilar lo buscó para que la asignación de alrededor de 72 mil millones de pesos al Poder Judicial en el Presupuesto de Egresos de 2027 se haga por rubros y etiquetada, y no de forma global. El coordinador morenista respondió que no había problema y que así se haría.
El dictamen que discutirá el pleno, de acuerdo con El Heraldo de México, asigna al Poder Judicial en conjunto 72 mil 264 millones de pesos: 5 mil 628 millones para la Corte, 61 mil 636 millones para el Órgano de Administración Judicial, mil 220 millones para el Tribunal de Disciplina Judicial y 3 mil 778 millones para el Tribunal Electoral. El Independiente añadió que la Comisión de Presupuesto abordó el tema mediante una reserva en la discusión en lo particular.
Etiquetar el gasto por órgano parece un tecnicismo, pero responde a la lógica del proyecto: que cada tribunal reciba sus recursos de forma directa y el órgano administrativo sólo verifique que las asignaciones procedan, como lo planteó el propio Monreal. Es, en los hechos, un primer paso hacia la independencia financiera que la iniciativa pretende llevar a la Constitución.
Lo político está en el calendario. Tocar la elección judicial de 2028 y la revocación de mandato implica abrir temas que la mayoría oficialista presentó como logros de la reforma original. La oposición tendrá un argumento para insistir en que el diseño fue apresurado, y Morena deberá decidir si acepta correcciones propuestas por el tribunal que surgió de su propia reforma.
Por ahora no hay fecha para que el proyecto se presente formalmente como iniciativa ni se sabe quién lo firmaría. Lo que sí quedó claro es que la nueva Corte eligió el canal de la Cámara de Diputados, y no el enfrentamiento público, para buscar cambios a sus reglas.
