Por unanimidad, con 96 votos, el Senado reformó dos leyes para ampliar la violencia docente y proteger los datos de víctimas de acoso. Pasa a San Lázaro.
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Por Bruno Cortés
El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, con 96 votos a favor, una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y a la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. El dictamen, votado el miércoles 18 de noviembre, amplía la definición de violencia docente y refuerza las obligaciones de las autoridades frente al acoso y el hostigamiento sexual. Fue turnado a la Cámara de Diputados.
En la discusión hablaron a favor la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, además de senadoras de varios grupos. La aprobación sin votos en contra refleja un consenso poco común en una legislatura marcada por la confrontación entre la mayoría y la oposición.
Qué cambia en las escuelas
El cambio central es la definición de violencia docente. La reforma precisa que constituyen este tipo de violencia las conductas que se ejerzan en los centros educativos o que deriven de una relación escolar, y describe como tales las que dañen la autoestima de las alumnas mediante actos de discriminación por su sexo, edad, condición social o académica, limitaciones o características físicas.
La precisión importa porque abre la puerta a reconocer agresiones que no ocurren dentro del aula, pero que nacen de la relación entre docente y alumna, como los mensajes, las citas o las presiones fuera del plantel. La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, admitió en tribuna que los espacios educativos a veces se convierten en escenarios de acoso, hostigamiento sexual e intercambio de favores.
Acoso en el trabajo
En el ámbito laboral, la reforma establece que las entidades federativas y la Ciudad de México deberán promover y difundir que el hostigamiento y el acoso sexual son expresiones de violencia y delitos, que pueden constituir causas de rescisión laboral y faltas administrativas. El objetivo es que víctimas y empleadores sepan que no se trata de conflictos personales, sino de conductas sancionables.
Una de las disposiciones con mayor alcance práctico es la protección de datos. Las autoridades deberán garantizar en todo momento el derecho de las víctimas a la protección de sus datos personales, para evitar que sean revictimizadas, boletinadas o presionadas para abandonar sus estudios o su empleo, una consecuencia frecuente cuando una denuncia se hace pública dentro de una escuela o un centro de trabajo.
Igualdad con nuevos enfoques
El dictamen también ordena que la política nacional en materia de igualdad establezca acciones para lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos familiar, de cuidados, económico, político, de salud, social, laboral y cultural, y que promueva la eliminación de estereotipos basados en el sexo. Las medidas deberán aplicarse con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad.
Senadoras de distintos partidos respaldaron esos conceptos. Virginia Magaña Fonseca, del PVEM, habló de un avance para prevenir, atender, sancionar y erradicar las agresiones; Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, subrayó que la discriminación también se relaciona con la raza, la clase social, la edad y la orientación sexual, y Paloma Sánchez Ramos, del PRI, celebró que el Estado quede obligado a combatir las desigualdades históricas que limitan a las mujeres.
Sánchez Ramos aprovechó la discusión para hablar de la violencia en su estado. Afirmó que las mujeres de Sinaloa viven el año más violento de su historia y relató casos recientes de asesinatos de mujeres en Mazatlán y Culiacán, un recordatorio de que las reformas legales conviven con una crisis de seguridad que no se resuelve en el papel.
Lo que sigue
La minuta pasa ahora a la Cámara de Diputados, que deberá dictaminarla en comisiones y votarla en el pleno. Si la aprueba sin cambios, se enviará al Ejecutivo para su publicación. Después, el reto será la aplicación: las autoridades educativas y laborales tendrán que adaptar sus protocolos, capacitar a su personal y garantizar canales de denuncia confidenciales, porque sin esos mecanismos la nueva definición quedaría solo en la ley.