Segob presentó un decreto para que Talleres Gráficos produzca documentación electoral, con padrón de proveedores y una Imprenta Nacional hacia 2030.
Por Anabel Beltrán
El gobierno federal presentó este miércoles 18 de noviembre un decreto para reestructurar Talleres Gráficos de México (TGM), el organismo público que imprime documentos oficiales, con un objetivo explícito: que sea el Estado, y no empresas privadas, el que produzca la documentación y los materiales electorales que usan el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales (OPLE).
El plan lo expuso la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia matutina que encabezó en Palacio Nacional mientras la presidenta Claudia Sheinbaum participa en la cumbre del APEC en China. Rodríguez explicó que el decreto se publicaría este mismo día en el Diario Oficial de la Federación y que la transformación ocurrirá en dos etapas.
Primera etapa: más vigilancia hasta junio de 2027
La primera fase va de ahora a junio de 2027 y se centra en cambios administrativos. La Junta de Gobierno de Talleres Gráficos pasará de cuatro a siete integrantes: los titulares de Gobernación, Hacienda, Anticorrupción y Buen Gobierno y la Consejería Jurídica del Ejecutivo, más tres consejeros independientes propuestos por la UNAM, el IPN y el Tecnológico de Monterrey. Los designados son Raúl Juan Contreras Bustamante, Ángel Eustorgio Rivera González y Josefina Cortés Campos, respectivamente.
El decreto crea un padrón público de contratistas y proveedores que evaluará su capacidad técnica, operativa y financiera, y un registro de datos abiertos con los contratos, las órdenes de producción y su avance. Quedarán excluidas las empresas con impedimentos legales, sanciones o señalamientos de la autoridad fiscalizadora. El organismo tendrá auditorías anuales, además de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, y deberá homologar tarifas para el INE y los OPLE.
Para evitar conflictos de interés, la persona titular de la Dirección General no podrá haber sido representante, socia o empleada de proveedores de material electoral en los cinco años previos. Para ese cargo, la presidenta designó a Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, socióloga y doctora en Políticas Públicas por el CIDE, quien llegó al organismo en diciembre de 2025 como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos.
Segunda etapa: una Imprenta Nacional hacia 2030
La segunda fase, de julio de 2027 a 2030, es más ambiciosa. Contempla una Ley de la Imprenta Nacional de México que establezca que la documentación electoral y los documentos de seguridad sean producidos por instituciones públicas. Para ello, el gobierno promoverá una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), de modo que lo que hoy es una opción se vuelva obligatorio.
También se propondrá una compra consolidada para el INE y los OPLE con un catálogo único de materiales y especificaciones, y un Almacén Nacional de Materiales Electorales para recuperar, reparar y reutilizar urnas, canceles y otros insumos entre una elección y otra. El argumento oficial es abaratar los comicios y reducir el impacto ambiental.
El trasfondo: los proveedores del caso Taddei
El anuncio no surge en el vacío. En octubre, El Universal documentó en la plataforma ComprasMX que entre 2017 y 2021 Talleres Gráficos otorgó 32 contratos por más de 278 millones de pesos a Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Corporativo Zeg, empresas que hoy investiga la Unidad de Inteligencia Financiera por una posible simulación de competencia en contrataciones del INE y que han sido señaladas como parte de la red de los hermanos Hernández Casillas. Ese escándalo precedió la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE el 26 de octubre.
El decreto apunta justo a ese punto débil: la dependencia de unos cuantos proveedores privados para urnas, cajas, boletas e insumos. Con el padrón público y las exclusiones por señalamientos de la autoridad fiscalizadora, el gobierno busca cerrar la puerta a las empresas cuestionadas, aunque la producción totalmente pública no llegaría antes de 2027.
Las preguntas abiertas
Queda por ver si Talleres Gráficos tendrá la capacidad instalada para atender un proceso electoral tan grande como el de 2027, con elecciones concurrentes en casi todo el país, y cuánto costará modernizar su equipo. También falta conocer la postura del INE y de los OPLE, que son quienes contratan los materiales, y la de la oposición, que ha cuestionado la cercanía del árbitro electoral con el gobierno.
La reforma a la Legipe necesitará pasar por el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría. El debate de fondo será si concentrar en una imprenta del Estado la producción de las boletas fortalece la confianza en las elecciones o abre otra discusión sobre la autonomía de quienes las organizan.